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La reforma de la Ley de Tierras no es una medida aislada. Junto al RIGI, forma parte de un proyecto que busca profundizar la dependencia argentina y poner el territorio y sus recursos estratégicos al servicio del imperialismo.
Por Emilia Torres — GOI, sección argentina del CIR
NO ES UNA REFORMA MAS
El gobierno de Javier Milei impulsa una reforma que elimina los principales límites establecidos por la Ley 26.737 para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros. El proyecto de “Inviolabilidad de la Propiedad Privada” deroga, entre otros aspectos, el tope del 15 % de titularidad extranjera a escala nacional, provincial y municipal; elimina el límite por nacionalidad, el máximo de superficie por titular y las restricciones sobre inmuebles ribereños de cuerpos de agua. No se trata de una simple flexibilización administrativa: el objetivo es desmontar los escasos instrumentos de regulación territorial existentes.
La Ley de Tierras, sancionada en 2011, nunca alteró la estructura profundamente concentrada de la propiedad rural ni cuestionó el poder de los grandes terratenientes, del agronegocio o del modelo extractivista. Durante su vigencia continuaron tanto la concentración como la extranjerización de la tierra, sin embargo, reconocer esos límites no implica desconocer el salto que pretende dar el gobierno de Milei. Mientras los gobiernos anteriores administraron una estructura ya concentrada, la reforma actual apunta a eliminar incluso las restricciones parciales que aún subsistían, facilitando una nueva etapa de apropiación territorial.
Los datos del Observatorio de Tierras muestran la magnitud del problema. Sobre la base del Registro Nacional de Tierras Rurales, estima que más de 13 millones de hectáreas —alrededor del 5 % del territorio nacional— están en manos extranjeras. Pero el promedio nacional oculta dónde se concentra realmente el fenómeno, ya que actualmente, 36 ciudades superan el límite del 15 % previsto por la ley y, en ciudades como San Martín de los Andes -lago Lácar- (Neuquén), General Lamadrid (La Rioja), Molinos y San Carlos (Salta), la extranjerización supera el 50 %. También aparecen porcentajes superiores al 30 % en ciudades ubicadas sobre el sistema Paraná-Paraguay, principal vía fluvial del comercio exterior argentino.
La extranjerización, por lo tanto, no constituye una amenaza futura sino una realidad concreta que avanza sobre zonas donde se concentran agua dulce, minerales estratégicos, corredores logísticos, puertos y regiones fronterizas.
Se puede consultar el Mapa Interactivo del Observatorio de Tierras para visualizar el grado de extranjerización en cada ciudad y región del país.
DEL RIGI AL TERRITORIO
La reforma de la Ley de Tierras sólo adquiere pleno sentido cuando se analiza junto con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), incorporado mediante la Ley Bases. El régimen concede beneficios tributarios, aduaneros y cambiarios extraordinarios durante 30 años para proyectos de gran escala vinculados a la minería, la energía, los hidrocarburos y la infraestructura.
Lejos de retirarse de la economía, el Estado reorganiza su intervención para garantizar condiciones excepcionales de rentabilidad a las corporaciones transnacionales, mientras descarga el costo del ajuste sobre trabajadores/as, jubilados/as y los sectores populares.
Sin embargo, esas inversiones no existen en abstracto, porque requieren tierra, agua, energía, infraestructura, puertos, rutas y corredores de exportación. Por eso la reforma de la Ley de Tierras funciona como el complemento territorial del RIGI. Mientras un régimen asegura condiciones privilegiadas para la obtención de ganancias, el otro elimina obstáculos para el acceso y control de los territorios donde se encuentran los recursos estratégicos.
No se discute solamente quién compra un campo, es más profundo que eso, lo que está en disputa es la reorganización del territorio argentino para profundizar la dependencia y seguir siendo una semicolonia; para ello es necesario garantizar a las corporaciones transnacionales el control de recursos indispensables para la nueva competencia mundial por minerales críticos, energía, alimentos, agua e infraestructura logística.
En este escenario, el gobierno presenta la llegada de grandes inversiones como sinónimo de desarrollo. Pero la cuestión decisiva no es la existencia de inversiones en sí mismas, sino qué estructura económica consolidan, quién controla los recursos, quién decide sobre la producción y quién se apropia de la riqueza generada.
Argentina aporta territorio, recursos naturales, infraestructura y ventajas fiscales; mientras tanto, las decisiones estratégicas y una parte sustancial de la renta quedan bajo control del capital imperialista y de los grandes grupos económicos que operan en el país.
PARANÁ, AGUA Y MINERALES: LA DISPUTA POR EL TERRITORIO
La relación entre la reforma de la Ley de Tierras y el RIGI puede observarse con claridad en el sistema Paraná-Paraguay. A lo largo de sus barrancas se concentra una de las infraestructuras logísticas más importantes del país: puertos, terminales de almacenamiento y corredores por donde sale buena parte de las exportaciones agroindustriales y de materias primas argentinas.
La disputa por el territorio no se limita a la tierra productiva, incluye los puertos, las vías navegables, las rutas y toda la infraestructura que permite exportar recursos estratégicos. Los datos del Observatorio de Tierras aportan elementos significativos, ya que varias ciudades vinculadas al sistema Paraná-Paraguay presentan niveles de extranjerización superiores al 30 %. El dato, por sí solo, no demuestra una relación directa entre propiedad extranjera y control de la Hidrovía, pero sí pone de manifiesto que las zonas de mayor interés económico concentran simultáneamente tierra, infraestructura y una ubicación estratégica para el comercio exterior.
La misma lógica puede observarse en las regiones cordilleranas donde avanzan los proyectos de extracción de litio y cobre, así como en Vaca Muerta (Patagonia) con la explotación de hidrocarburos. Las ciudades que registran mayores niveles de extranjerización coinciden, en muchos casos, con territorios que concentran bienes estratégicos para la economía mundial, el valor de esas tierras no reside únicamente en su superficie, sino en el agua, los minerales, la energía y su posición geográfica.
El agua adquiere una importancia creciente en este escenario. La megaminería requiere enormes volúmenes para sus procesos de extracción y procesamiento, mientras que la expansión de los grandes centros de datos, la inteligencia artificial y la infraestructura tecnológica demanda energía abundante y sistemas permanentes de refrigeración. En una economía dependiente como la nuestra, estos recursos pueden terminar organizándose prioritariamente en función de proyectos de las grandes corporaciones, mientras las necesidades del pueblo quedan relegadas.
Por eso resulta insuficiente analizar cada inversión de manera aislada, ya que Tierra, agua, energía, minerales, infraestructura y logística forman parte de una misma disputa. La reforma de la Ley de Tierras y el RIGI son instrumentos diferentes de una misma orientación política: reorganizar el territorio argentino para garantizar mejores condiciones de acumulación al capital imperialista.
UNA PROFUNDIZACIÓN DE LA DEPENDENCIA
La dependencia argentina no comenzó con el gobierno de Milei, los distintos gobiernos que lo precedieron administraron, con ritmos y regulaciones diferentes, una estructura basada en el agronegocio, el extractivismo, el endeudamiento y la concentración económica.
Reconocer esa continuidad histórica no significa desconocer la gravedad del momento actual, porque el gobierno de Milei pretende avanzar un paso más: eliminar regulaciones parciales que aún limitaban la apropiación privada del territorio y consolidar un marco jurídico estable para favorecer a las corporaciones transnacionales durante décadas.
Tampoco alcanza con oponer capitales nacionales a capitales extranjeros. Los grandes grupos económicos que operan en el país participan activamente del agronegocio, de la minería, de los negocios energéticos y de la concentración de la tierra; entonces el problema no reside únicamente en el origen del capital, sino en una estructura económica organizada para garantizar la explotación privada de los recursos estratégicos. No se trata solamente de vender más tierras, sino de adecuar el conjunto de la legislación para facilitar la apropiación y explotación de recursos indispensables para la competencia mundial entre las grandes potencias.
ORGANIZAR LA RESPUESTA
La oposición a esta reforma no puede reducirse a la defensa de la Ley 26.737 como si ella hubiera resuelto el problema de la propiedad de la tierra. Tampoco alcanza con confiar en que el Congreso o las elecciones de 2027 detengan el ajuste y entrega del gobierno.
La defensa de nuestro territorio debe articularse con la lucha contra el RIGI, las privatizaciones, el ajuste y la ofensiva sobre los derechos laborales. Es necesario impulsar asambleas, plenarios y espacios de coordinación en los lugares de trabajo, estudio y en los barrios, unificando las luchas que hoy aparecen fragmentadas.
Las conducciones de la CGT y las CTA deben abandonar la pasividad y convocar a un paro general activo, con movilización y continuidad a través de un verdadero plan de lucha nacional.
La defensa del territorio no consiste únicamente en impedir la venta de tierras, supone enfrentar un modelo que organiza la producción y el uso de los bienes estratégicos según las necesidades del imperialismo y de los grandes grupos económicos que operan en el país. La tierra, el agua, la energía, los minerales, los puertos y la infraestructura deben estar bajo control de la clase trabajadora y al servicio de las necesidades del pueblo.
Fuentes para profundizar
• Observatorio de Tierras — Informes
• Mapa interactivo del Observatorio de Tierras
• Cuarto informe sobre el proyecto de Ley de Tierras
• Ley 27.742 — RIGI (texto oficial)
• Documental: Argentina sangra por las barrancas del río Paraná — referencia CONICET
