Por Mariana Romero y Ale Cuervo, GOI – Argentina
La denuncia pública de Cecilia Ce contra Nacho Levy* y los testimonios que comenzaron a emerger después de su exposición reabrieron una discusión que excede largamente a sus protagonistas. El “ya se sabía” que apareció en las redes y en distintos ámbitos sociales obliga a preguntarse no solo por las responsabilidades individuales, sino también por las condiciones políticas y organizativas que convierten el silencio en una respuesta casi natural.
El caso no constituye un accidente aislado. Es la expresión de una contradicción más profunda que atraviesa a gran parte de organizaciones políticas y sociales de nuestro país. Durante las últimas dos décadas, estos espacios incorporaron las principales demandas del movimiento de mujeres: acompañaron la masificación del Ni Una Menos, impulsaron el derecho al aborto legal y promovieron políticas e instituciones vinculadas a la igualdad de género. Las conquistas democráticas que se obtuvieron luchando existieron y fueron importantes.
Sin embargo, desde una perspectiva marxista, lo contradictorio radica en que esas reivindicaciones y muchas de esas organizaciones fueron integradas a proyectos de gobierno que desde el Estado preservaron las relaciones sociales que reproducen las distintas formas de opresión y sostienen la desigualdad entre varones y mujeres.
Esto aparece con claridad cuando se observa la distancia entre el discurso y la realidad. A pesar del impulso a la creación de áreas de género, protocolos y campañas públicas, la violencia machista y los femicidios continuaron siendo una realidad persistente en distintos territorios del país. Muchas de estas iniciativas fueron valiosas y son necesarias. Pero queremos indagar en la cuestión de fondo de una problemática estructural, que no alcanza a ser revertida por la mera creación de organismos estatales o la sanción de leyes.
El machismo que no se puede nombrar
Desde esta óptica, el problema no es simplemente la falta de voluntad o de conciencia de género. Es un límite político más profundo. Cuando la lucha contra la opresión de las mujeres se subordina a la gobernabilidad, a la administración estatal o a la preservación de determinadas figuras o estructuras de poder, termina reproduciendo muchas de las lógicas que dice combatir.
El caso Levy expone precisamente esta tensión. La pregunta no es únicamente por qué una mujer tarda en denunciar: la opresión machista tiene dimensiones materiales y psicológicas que explican por qué las víctimas muchas veces no pueden hablar de inmediato. El problema central es otro: ¿qué condiciones construyen las organizaciones para que las mujeres puedan denunciar sin quedar aisladas, revictimizadas o enfrentadas a costos personales insoportables?.
La apelación a “esperar que la organización se pronuncie” también merece un examen crítico. Una organización no puede ser neutral frente a conflictos que involucran a sus propios referentes cuando la supervivencia política, económica o simbólica de un espacio depende de determinadas figuras y el incentivo para preservar el prestigio de esas personas puede terminar pesando más que la necesidad de esclarecer los hechos.
Esta correa de transmisión del machismo que a menudo son las organizaciones, involucra tambien a organizaciones de izquierda, incluso que se dicen revolucionarias, donde se han dado casos de protección a los dirigentes.
Muchas veces hay sanciones “ejemplificadoras” y hasta exageradas, aunque mayormente contra militantes de base o cuadros. En cambio, cuando se trata de dirigentes o figuras centrales se los protege.
Cuando esa figura es central para su supervivencia política e institucional, el silencio deja de ser una falla circunstancial para convertirse en una necesidad de funcionamiento. Por eso, la pregunta decisiva no es si hay que preservar o no una organización, si no de qué organización se trata y en función de qué existe. Una organización con independencia política real —que no dependa del Estado ni de la figura de un referente para sostenerse— tiene los recursos para procesar el machismo interno sin desintegrarse. Más aún: se fortalece haciéndolo, porque su legitimidad no descansa en la imagen de sus dirigentes sino en sus prácticas concretas y en su programa. Una organización dependiente del Estado y de esa figura, en cambio, solo puede silenciar el problema para sobrevivir. El silencio no es entonces un error: es una respuesta estructuralmente coherente con el tipo de construcción que la organización representa.
La estructura de poder se reproduce
Desde nuestra lectura, el machismo no es un fenómeno separado de la estructura social. Hay que distinguir dos planos para el debate. Por un lado, el sistema capitalista en su conjunto, que se beneficia del machismo como de otras formas de opresión porque estas contribuyen a reproducir relaciones de dominación, dividir a la clase trabajadora y garantizar trabajo doméstico gratuito que sostiene la reproducción de la fuerza de trabajo. Por otro lado, la organización concreta: cuando esta depende del Estado, de su financiamiento y de la visibilidad de sus referentes para sobrevivir, reproduce esa misma lógica estructural hacia adentro. No es que “le falta conciencia” o que sus integrantes sean cómplices individuales del machismo: es que la arquitectura de la organización no puede generar herramientas, instancias ni un ambiente que vaya en contra del silencio, porque hacerlo pondría en riesgo su propia existencia al quedar subordinada a gobiernos o a acuerdos políticos en pos del financiamiento estatal.
La lucha contra el machismo encorsetada
El feminismo, entendido como corriente política, tiene su horizonte en ampliar los derechos de las mujeres dentro del orden existente, no transformar las relaciones sociales que producen la opresión. Por eso puede impulsar leyes, crear instituciones, ser parte e incluso dirigir la lucha por conquistas reales, pero es estructuralmente incapaz de resolver lo que dice combatir, porque eso exigiría cuestionar las bases materiales que lo hacen posible.
Solo desde una perspectiva de clase, apoyada en la comprensión de que las reivindicaciones democráticas solo pueden satisfacerse plenamente con la transformación del orden social que las niega, la lucha contra la opresión de las mujeres encuentra un camino real. El caso Levy no demuestra que esa lucha sea un error ni que las mujeres deban resignar sus reclamos. Por el contrario, pone al desnudo los límites de una estrategia que subordina la pelea contra la opresión a proyectos políticos de conciliación de clases y a organizaciones dependientes del Estado y de sus referentes.
En este sentido, la experiencia del kirchnerismo resulta ilustrativa. Durante años impulsó leyes, creó ministerios y secretarías de género y se presentó como una referencia en la lucha contra la violencia machista. Sin embargo esas políticas convivieron con la persistencia de altos niveles de violencia de género y femicidios. La contradicción entre el discurso y la realidad expone los límites de una estrategia que pretende combatir la opresión de las mujeres sin cuestionar las estructuras materiales y políticas que la reproducen. Las leyes y las instituciones pueden representar conquistas importantes, pero resultan insuficientes cuando quedan subordinadas a gobiernos que administran el mismo orden social que genera las desigualdades y que, en no pocas ocasiones, terminan siendo cómplices del silenciamiento, la protección de figuras de poder o la ausencia de respuestas efectivas ante las denuncias.
Los espacios mileístas y macristas intentan utilizar episodios como el caso Levy para desacreditar toda lucha contra la violencia de género. El mecanismo es conocido: a través de señalar las contradicciones reales del feminismo institucional y del progresismo, buscan desprestigiar no solo a esa corriente política sino a la lucha de las mujeres contra la opresión, que es otra cosa. Una cosa es cuestionar los límites estructurales del feminismo como proyecto de conciliación de clases, señalar su incapacidad para resolver lo que promete y denunciar la complicidad de organizaciones progresistas con estructuras de poder machistas. Otra muy distinta es negar la existencia de la opresión de las mujeres, ridiculizar el Ni Una Menos o vaciar los mecanismos de denuncia y protección que las mujeres arrancaron luchando. La derecha hace lo segundo amparándose en lo primero. Reconocer los límites reales del feminismo burgués no implica ceder ese terreno: implica disputarlo con una perspectiva que vaya más lejos.
La estrategia de la lucha contra el machismo
La cuestión de fondo, entonces, es una cuestión de clase. La opresión de las mujeres tiene manifestaciones específicas y exige respuestas concretas, pero no puede ser erradicada de manera definitiva en una sociedad atravesada por relaciones de explotación y dominación. Las conquistas democráticas y las políticas públicas encuentran sus límites cuando permanecen subordinadas a gobiernos burgueses y a proyectos de conciliación de clases. Por lo tanto la emancipación de las mujeres no pasa por una mayor institucionalización del feminismo ni por una abstracta «conciencia de género», sino por la construcción de organizaciones independientes del Estado y de la burguesía, capaces de unir la lucha contra el machismo con la lucha más general de la clase trabajadora por transformar las condiciones materiales que hacen posible toda forma de opresión. Porque la mujer no precisa ver en el hombre un adversario genérico. “Lo que precisa es reconocer su propia fuerza y unirse —como mujer, con todas sus potencialidades— a su clase para luchar por el fin de la sociedad capitalista.”
*Cecilia Ce (Cecilia Canzonetta) es psicóloga, sexóloga clínica y escritora. Se hizo conocida por divulgar sexología en lenguaje directo, sin tabúes y con humor en redes sociales, libros y teatro. Es autora de los best-sellers _”Sexo ATR”_ y _”Carnaval toda la vida”_, ambos récords de venta. Trabajó como columnista en programas masivos como _”Perros de la Calle”_ en Urbana Play y recibió nombramientos distinguidos por sus aportes a la educación sexual integral con perspectiva de género.
Nacho Levy (Ignacio Levy) es periodista, docente y referente social. Fue uno de los líderes de _”La Garganta Poderosa”_, el brazo literario de la organización política y social _”La Poderosa”_. Esta organización, nacida en 2004, es conocida por su estructura en asambleas territoriales de barrios populares y villas. A pesar de su declarada independencia de organizaciones partidarias, _”La Poderosa”_ ha mantenido a lo largo de su historia una estrecha relación con gobiernos kirchneristas y latinoamericanos, como Venezuela.
En junio de este año, Cecilia Ce denunció haber sido víctima de violencia psicológica y abuso emocional durante su relación con Levy. Describió patrones de control y manipulación emocional, aclarando que no se trató de golpes, sino de dinámicas emocionalmente violentas. Tras la denuncia, Levy fue apartado de la conducción de La Poderosa.
