Insurgencia- Paraguay
Han transcurrido 215 años desde el inicio del proceso anticolonial que, en 1813, selló la independencia política del Paraguay del Reino de España y de las pretensiones centralistas de Buenos Aires, dando origen al Estado nacional paraguayo. Se trató, sin duda, de un proceso progresivo: como en el resto de América Latina, una nación oprimida rompía sus vínculos de dependencia con un imperio colonial.
Sin embargo, quienes luchamos por el socialismo y analizamos la historia desde una perspectiva de independencia de clase no podemos ignorar los límites de esa descolonización. El Estado surgido en el siglo XIX no trajo -ni podía traer- unión, libertad, fraternidad ni igualdad. Fue un Estado moldeado por las clases propietarias que, aunque rompió con la metrópoli europea, mantuvo intacta la explotación sobre campesinos pobres, peones rurales, pueblos indígenas y afrodescendientes, esclavizados o “libres”.
La independencia fue, por tanto, un hecho progresivo en el contexto del siglo XIX, pero profundamente limitado por la dirección burguesa del proceso.
Hoy, cuando Paraguay sigue siendo una semicolonia subordinada a los Estados Unidos y dependiente de las burguesías de Brasil y Argentina, resulta fundamental comprender ese proceso en su verdadera dimensión y carácter de clase. Solo así podrá abrirse paso una nueva revolución que conquiste la segunda y definitiva independencia de Paraguay y de América Latina.
Esa es una tarea histórica que ninguna variante filosófica o política del nacionalismo ni del liberalismo puede asumir de manera consecuente.
Nuestra ubicación como país periférico ha pegado un salto en materia de sometimiento al capital transnacional y sus organismos de dominación (FMI, BM, BID, etc.), lo que se refleja en las medidas económicas y los dispositivos legales que adopta el Gobierno de Santiago Peña como todos los anteriores, sin excepción, para satisfacer la reestructuración productiva y financiera que se exige, así como las políticas de seguridad nacional yanqui en nuestro suelo; el reciente acuerdo SOFA es la expresión concreta de esto último.
La subyugación al capital financiero internacional se expresa en el sometimiento al endeudamiento externo, pasando por la aplicación de los planes y recetas del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y demás organismos imperialistas, quienes delinean e imponen las recetas para la privatización del sistema previsional (ley de superintendencia de jubilaciones y pensiones), la reforma de la caja fiscal, ley del servicio civil, entre otras medidas.
Esta dependencia se expresa también en la política entreguista ante el capital paulista de nuestros recursos energéticos, en el marco de la negociación del Anexo C en Itaipú y la capitulación al gobierno de Milei en torno a la represa de Yacyretá y lo que significa la profundización de la extranjerización de las tierras en manos, fundamentalmente, de brasiguayos.
¿Somos realmente soberanos?
La deuda pública del país orilla el 35,5% del PIB (cerró el primer trimestre de 2026 en USD 21.384,3 millones); hace bastante estamos en lo que técnicamente los economistas burgueses denominan «línea naranja». Además, debe considerarse el déficit fiscal y la política tributaria profundamente inequitativa, la balanza de pagos y otros factores que nos colocan ante una situación de agudización de la crisis.
Más allá de la variación porcentual respecto al PIB que pueda darse en determinados momentos, lo que resulta innegable es que, por un lado, el 89,5% de la deuda corresponde a la comprometida con acreedores internacionales; es decir, el grueso de la deuda es externa. El país, en 10 años, triplicó su estructura de endeudamiento, lo que significa que es prácticamente tres veces el valor de sus reservas internacionales (USD 11.386,1 millones).
Este nivel de compromiso con los usureros del sistema financiero internacional expone al país a dos riesgos: las fluctuaciones del tipo de cambio (volatilidad financiera global) y los movimientos en las condiciones financieras internacionales (encarecimiento de renegociación de condiciones de crédito).
Por otro lado, no se verifica un descenso en la toma de deudas, sino todo lo contrario; la dinámica es de expansión sostenida, lo que implica que el pago de la deuda —intereses y amortizaciones— demanda cada vez más recursos del erario público, reduciendo el margen disponible para la inversión en infraestructura, gasto social y otras prioridades que debiera tener el Estado.
Recientemente el gobierno se jactaba de haber alcanzado su segundo grado de inversión, y en ese marco celebra la tercera emisión de bonos soberanos en moneda local, alcanzando 6.506.960 millones de guaraníes, equivalente a USD 1.000 millones, con una menor tasa de interés del 8,5% (comparativamente a otros empréstitos) y a un plazo de 12 años. Nos quieren vender que vamos a «estar mejor» y ello se refleja en la confianza del mercado (los grandes usureros internacionales) que ven estabilidad en nuestra economía y sostenibilidad en la capacidad de pago del Estado paraguayo.
Lo cierto es que esta nueva emisión de bonos se inscribe en la continuación del endeudamiento, el «bicicleteo» constante de deudas tomadas y en el marco de financiar el Presupuesto General de la Nación. La «gran novedad» es que la deuda es en guaraníes y no en dólares, como si por ello debiéramos salir a aplaudir nuestro sometimiento, en otros términos. ¿De qué soberanía nos hablan si para sostener el Estado debemos recurrir una y otra vez a los usureros internacionales? ¿Somos más independientes o dependientes con el creciente endeudamiento?
A este ritmo, vamos camino a comenzar a peticionar en un futuro no muy lejano ya no el refinanciamiento nada más de la deuda externa, sino su reperfilamiento y/o la reestructuración, a ejemplo de lo ocurrido en Argentina, por citar un ejemplo.
¿Y nuestra soberanía energética?
En materia de la renegociación del Anexo C en Itaipú y la exigencia a Milei del pago de la deuda argentina en Yacyretá, el presidente Peña muestra ser un pusilánime al servicio de la entrega de la soberanía energética, proyectando con sus tentativas de acuerdos un enorme perjuicio para el desarrollo del país y un costo alto en materia del servicio eléctrico para la población.
La renegociación del Anexo C de Itaipú expone nuestro nivel de subordinación al Estado brasileño, donde históricamente se ha favorecido el aprovechamiento energético por parte de la burguesía paulista. Ya durante la administración de Abdo Benítez se capituló a rebajas arancelarias unilaterales por parte de Bolsonaro al reducir la tarifa de energía, regalando cerca de 250 millones de dólares anuales a Brasil, lo que significó una transferencia masiva de riqueza hacia los sectores industriales y una pérdida considerable para nuestra soberanía. Esta dinámica no es fortuita, sino que obedece a una estrategia de complacencia política de saqueo del patrimonio energético en beneficio de intereses ajenos, perpetuando una relación de desigualdad y vasallaje.
Las famosas filtraciones sobre actividades de inteligencia iniciadas con Bolsonaro y continuadas con el gobierno «progresista» de Lula sugieren que la presión externa ha sido una constante para asegurar la docilidad en las negociaciones bilaterales. Independientemente del signo político del gobierno de turno en Brasil, la tendencia a considerar al territorio paraguayo como un enclave subsidiario persiste y el lulismo, pese a su retórica de «solidaridad entre los pueblos», mantiene la misma política extractivistas funcional a sus aliados de derecha, es decir, el grueso de la burguesía paulista.
El acuerdo alcanzado por la gestión de Santiago Peña, aunque aparenta proyectar una recuperación temporal de capitales (775 millones de dólares anuales extras en tres años), cimenta un esquema de claudicación a largo plazo. En otras palabras, se programa una reducción de la tarifa tras los tres años, pero eliminando los fondos que el país podría utilizar para el desarrollo de su infraestructura eléctrica e industrial, y que hoy se utilizan para grandes negociados como inversiones sobrefacturadas (como, por ejemplo, los famosos pupitres chinos), así como con otros sectores del clientelismo empresarial.
La supuesta revisión del tratado, hoy ralentizados tras el escándalo de los hackeos, no cambia la orientación general de bajar los costos de la tarifa para favorecer las pretensiones brasileñas. El modelo actual prioriza la venta de energía a precios irrisorios para corporaciones transnacionales y sectores emergentes como la criptomineras y las empresas de hidrógeno verde, todo en detrimento no solo del desarrollo industrial interno, sino incluso del mantenimiento de la propia infraestructura eléctrica actual.
Esta gestión entreguista del excedente eléctrico no sólo acelera el agotamiento de las reservas energéticas, sino que anticipa una crisis de abastecimiento producto de una política de entrega al capital internacional, que de hecho ya está en curso con los recientes decretos presidenciales que colocan aranceles preferenciales y prolongados a grandes corporaciones tecnológicas y proyectos de energía «alternativa».
En la represa de Yacyretá no nos va mejor. Hace exactamente un año Paraguay paga más caro la tarifa, cede una mayor cantidad de energía (solo utilizamos el 15% de la represa) y no tiene garantías reales de cobrar lo que le corresponde, atendiendo a la deuda histórica que no es saldada por el lado argentino.
Solo una revolución socialista podría garantizar el efectivo ejercicio de la soberanía eléctrica y poner los recursos en beneficio de la inmensa mayoría del pueblo trabajador. La perspectiva de una utilización racional y equitativa no puede ser concebida sino en el marco de un proceso revolucionario a nivel regional para garantizar el desarrollo de los pueblos del Cono Sur.
Las políticas de miseria y hambre producto del sometimiento al imperialismo
Las políticas del FMI y del BM en torno a recetas para este gobierno lacayo quedaron expuestas claramente con el condicionamiento para la aprobación de la reciente reforma de la caja fiscal o la ley de superintendencia de jubilaciones y pensiones al servicio de la privatización de la previsional, y la ley del servicio civil en detrimento de los derechos de las y los trabajadores de la función pública.
Por otro lado, es un hecho que la reforma laboral está en curso de manera indirecta, como ocurre con las modificaciones de la ley de Mipymes que hizo desaparecer la obligación del salario mínimo y el pago de indemnización por despido hasta por tres años, o la intención de reforma laboral de fondo previendo hacer desaparecer la estabilidad especial (10 años). Estas son una muestra de que la burguesía nacional no tiene problemas en retacear todos los derechos que sean necesarios para adecuarse a los intereses del imperialismo y, como socia menor, aprovechar las tajadas que ello le reporta.
El campo arrasado por el capital agrario
La desposesión de la tierra de comunidades campesinas e indígenas es brutal; el capital agrario viene arrasando el campo. La Justicia, cooptada por el poder político y económico de terratenientes nacionales y extranjeros, así como por el crimen organizado, opera al servicio de la impunidad. Cientos de familias campesinas, así como comunidades indígenas, son arrasadas por desalojos ilegales perpetrados por grupos armados ligados a la mafia y al poder político que ostenta el cartismo, y en menor medida otros sectores políticos de la gran burguesía, con la venia de la Fiscalía, la Policía y el Poder Judicial.
La desigualdad de la tenencia de tierra en Paraguay se expresa en cifras concretas: el 92% de los pequeños y medianos productores (más de 255.000) poseen solo el 6,5% de la tierra, correspondiente a fincas de menos de 50 hectáreas. El 8% restante de los terratenientes (casi 23.000) controla el 93,5% de todas las tierras, concentrando más de 28 millones de hectáreas. El 0,07% de los grandes productores (aproximadamente 182 personas) posee cerca del 40% de la superficie agropecuaria total.
La lucha por la tierra en nuestro país ha implicado cientos de presos y muertos. La criminalización y los atropellos continúan en las comunidades actualmente, donde los sojeros y ganaderos se sienten a sus anchas para avasallar con la complicidad de instituciones como el Ministerio del Interior, la Policía, la Fiscalía, los Juzgados, el Indert, el Indi y demás, al servicio del capital agroexportador.
Con agentes yanquis en el país para afianzar el sometimiento
El gobierno entreguista logró la formalización del acuerdo SOFA (Status of Forces Agreement), profundizando así la relación de subordinación que nuestro país tiene con los EE. UU.
El acuerdo implica un salto en los niveles de subordinación impuestos por el imperialismo norteamericano, ya que regula la presencia y actividades del personal militar estadounidense en el país con el supuesto objetivo de «reforzar la cooperación en seguridad regional» y combatir grupos «que operan como organizaciones terroristas».
Bajo la falsa bandera de la «lucha contra las drogas y el terrorismo», el imperialismo nos impone un acuerdo de vasallaje donde los militares norteamericanos podrán tener inmunidad diplomática, lo que significa que podrán hacer ingresar al país lo que consideren sin ningún control, no estando sujetos a la jurisdicción nacional para responder por ningún crimen.
Esto debe leerse como un nuevo «Plan Colombia 2.0», en donde el gobierno se alinea a los intereses geopolíticos del imperialismo en la región, siendo clave por su ubicación para la regimentación del continente. El ingreso de fuerzas armadas vulnera gravemente la soberanía y pone bajo amenaza la independencia no sólo de nuestro país, sino de la región.
El pueblo trabajador sobrevive a su suerte
La tasa de inflación anual ascendió al 2,3% a abril de 2026 según el BCP, que toma el IPC como parámetro, cuyos indicadores y variables son de dudosa confianza, ya que no reflejan de manera real el encarecimiento de la vida para la clase trabajadora y la pérdida del valor adquisitivo del salario.
Lo cierto es que tampoco el gobierno puede tapar el sol con un dedo y claramente admite que la inflación está en ascenso al cuarto mes del año, impulsado principalmente por el fuerte encarecimiento de los combustibles, que se disparó a 12,1% en abril, mientras que la variación de los últimos doce meses fue de 10,9%. Con los incrementos, tanto el diésel como la nafta acumulan en el año 19,6%. Esto afecta al conjunto de bienes y servicios, pero lo que no aumenta es el salario, cuyo desfasaje histórico se mantiene en un 35% aproximadamente.
En prácticamente todos los rubros se registran subas según el propio BCP, más allá de los matices que colocan. Por ejemplo: el transporte aumentó 5,4%, seguido de servicios de restaurantes y hoteles, y bienes y servicios diversos, ambos con subas de 0,4%. En abril, el 41,3% de la canasta que analiza el BCP registró aumentos y se ubica por encima del 36,1% del mes anterior. Los bienes alimenticios subieron un 0,6%, mientras que las frutas y verduras tuvieron un incremento del 4,5%. En ese marco, la canasta básica familiar muestra variaciones de precios muy significativas.
En otras palabras, el salario promedio de la población trabajadora es absorbido por alimentos que el país debería producir a bajo costo para satisfacer la demanda interna sin mayores sobresaltos, pero el gran capital agrario y ganadero está al servicio de la exportación, es decir, del lucro de la burguesía ligada al rubro.
Los problemas relacionados a vivienda continúan; el déficit habitacional cuantitativo como cualitativo afecta a miles de familias en el país, mientras el gobierno promueve planes de subsidio para mitigar un problema estructural ligado a la situación de pobreza en general.
En materia de transporte para la población, son un calvario las reguladas y el precio subsidiado que tienen los empresarios del transporte, quienes se llenan los bolsillos ofreciendo un servicio pésimo de manera cotidiana.
En materia de salud, la situación se sigue agravando; basta ver las denuncias de los asegurados del IPS y la salud pública para entender las condiciones precarias de atención y el impacto que tiene en la población que vive haciendo polladas para cubrir tratamientos, medicamentos e insumos. Existe una crisis sanitaria en el país que hace bastante se expresa en el desplome del propio sistema para garantizar servicios básicos.
En materia de educación no sólo persisten los problemas edilicios y la falta de docentes, sino que continúan los negociados en el marco del plan «Hambre cero», los alimentos en mal estado que se proveen o lugares donde no se garantiza la alimentación por la provisión insuficiente.
La oposición burguesa y reformista
La oposición política de derecha, así como la izquierda reformista, no sólo resultan impotentes en términos de poner un freno a la avanzada de corrupción y acaparamiento del cartismo, sino en la capacidad de articular movilizaciones de todos los sectores contra la política del gobierno en las calles.
Toda la lógica de la oposición de derecha e izquierda pasa por las alianzas coyunturales para las elecciones futuras, no significando una alternativa real para los intereses del pueblo trabajador. Las organizaciones de izquierda en general no están al servicio de las luchas, sino de la pelea por la «cuotita» de poder que le pueda representar un curul en el Congreso.
El nivel de adaptación al sistema es tan desvergonzado que ni en sus discursos uno podrá encontrar algo que tenga que ver con una perspectiva siquiera clasista, mucho menos en sus programas edulcorados. Los representantes de la izquierda reformista no son más que liberales con culpa social.
El patrioterismo de la izquierda paraguaya
Estas fechas también son propicias para reflexionar sobre el nacionalismo asumido por gran parte de la izquierda paraguaya bajo la influencia del PCP, y, más tarde, también el Partido Paraguay Pyahurá. Desde una perspectiva de clase, ni Francia ni los López representaron los intereses históricos de la clase trabajadora, ni ayer ni hoy.
Los héroes de nuestra clase no tienen estatuas. El compromiso de una izquierda verdaderamente revolucionaria debe estar con los explotados y oprimidos, no con los símbolos ni las figuras de las clases explotadoras. La izquierda debe ser internacionalista, no nacionalista. Como escribió Marx: “los trabajadores no tienen patria.
La salida es con la clase obrera organizada peleando por una alternativa revolucionaria
En el marco de la situación de crisis del sistema capitalista a nivel mundial, con una polarización creciente en la lucha de clases, las políticas reaccionarias en todo sentido y las respuestas de los pueblos, la más importante tarea es la organización de los distintos sectores de la clase trabajadora para pelear en las calles por nuestros intereses.
Pero para avanzar hacia una salida radical es necesario la discusión de un programa revolucionario que dé salida a los acuciantes problemas que vivimos, avanzar hacia la independencia política de las y los trabajadores, pelear por un gobierno nuestro, que ponga la economía al servicio de las necesidades del pueblo trabajador, la pelea por un futuro socialista. Sin esta perspectiva, lo único que nos deparará el futuro será un mundo de mayor barbarie y sometimiento.
Para una lucha a nivel mundial es necesario un partido a nivel internacional
Como en la independencia, a inicios del siglo XIX, necesitamos una nueva revolución, pero no será en un solo país. Así como el sistema capitalista-imperialista funciona a nivel mundial, así también debemos considerar que la clase obrera es una sola y sin fronteras; por ello necesariamente debemos unirnos a la clase obrera de toda América Latina y el mundo, para librarnos de nuestras burguesías explotadoras y llamar a la solidaridad a los trabajadores de los países imperialistas cuyas burguesías son responsables de las guerras, crisis y hambrunas a nivel mundial.
El proceso de lucha que debemos organizar ya no puede tener como dirección a representantes de las clases dominantes, como ocurrió en el siglo XIX. Debe apoyarse en la clase obrera, la juventud, las mujeres, las organizaciones campesinas e indígenas y todos los sectores explotados y oprimidos que padecen la catástrofe social impuesta por el capitalismo imperialista en el marco de su crisis histórica.
Hoy el desafío es construir una organización política revolucionaria en toda la región para pelear por la segunda y definitiva independencia. Desde Insurgencia, que hace parte del Comité Internacional por la Reconstrucción de la Cuarta Internacional (CIR), nos ponemos a disposición de ese combate y llamamos a los trabajadores a organizarse para pelear por un gobierno obrero, revolucionario y socialista como única salida a nuestros padecimientos.
Dirección provisoria de Insurgencia
15-05-2026
