¡Contra la violencia machista y el ajuste que desmantela las políticas de género. A 11 años del primer grito colectivo, este 3 de junio volvemos a las calles!
Por Mariana Romero. Delegada de Escuela de SUTEBA – Militante del GOI – CIR
Once años después de la irrupción de Ni Una Menos, la violencia machista continúa cobrando vidas mientras el gobierno de Javier Milei profundiza el desmantelamiento – de las ya pocas y con escaso financiamiento- políticas públicas, supuestamente destinadas a prevenirla y combatirla. Los femicidios no disminuyen, la pobreza golpea con mayor dureza a las mujeres trabajadoras y las conducciones de la CGT y las CTA mantienen una pasividad inadmisible frente a un ajuste que también tiene rostro de mujer, en especial de mujer trabajadora. Este 3 de junio volvemos a las calles para exigir justicia por Agostina y por todas las víctimas de la violencia machista, reclamar presupuesto y políticas de género. Exigiendo un paro nacional que unifique la lucha contra la opresión con todas las luchas contra el ajuste.
3J: Once años de lucha, una emergencia que continúa
Cuando cientos de miles de personas colmamos las plazas del país el 3 de junio de 2015, quedó claro que la violencia machista no era un problema privado ni una suma de casos aislados. Era una problemática estructural que atravesaba a toda la sociedad y sobre todo a la clase trabajadora.
Once años después, la realidad demuestra que aquella movilización histórica logró instalar el debate y conquistar importantes derechos, pero no consiguió terminar con la violencia de género.
Según el Observatorio “Ahora Que Sí Nos Ven”, entre junio de 2015 y mayo de 2026 fueron registradas más de 3.200 asesinatos por violencia de género, entre femicidios, transfemicidios, travesticidios y femicidios vinculados. Detrás de cada cifra hay proyectos de vida truncados, familias destruidas y miles de niñas y niños que crecieron sin sus madres.
En lo que va del gobierno de Milei los femicidios se cuentan 1 cada 31/33 horas llegando a 300 por año. La persistencia y el aumento de estos crímenes revela que la violencia machista continúa siendo una de las expresiones más brutales de las desigualdades que atraviesan a la sociedad argentina.
Agostina: el crimen que volvió a conmover al país
La desaparición y posterior asesinato de Agostina Vega, de apenas 14 años, provocó una profunda conmoción social. Su nombre se suma a una lista que no debería existir. Como ocurre en tantos casos, la indignación colectiva vuelve a poner en evidencia la insuficiencia de las respuestas estatales frente a la violencia contra mujeres, niñas y adolescentes. A Agostina no la buscaron “porque pensamos que estaba con un noviecito”, al asesino (Gabriel Barrelier) lo habían liberado por un crimen de secuestro y el fiscal de la causa Raúl Garzón al enterarse del brutal femicidio no tuvo mejor idea que felicitar a los perros rastreadores y evitar llamar el asesinato y desmembramiento de Agostina de “femicidio”.
Agostina debería estar proyectando su futuro. Hoy se transforma en bandera de lucha y en símbolo de una realidad intolerable. Su asesinato expresa la necesidad urgente de fortalecer todos los mecanismos de prevención, protección y asistencia para las víctimas de violencia de género.
Ajuste de clase: Cuando el Estado criminaliza a las mujeres trabajadoras
El oficialismo impulsa proyectos que colocan el eje del debate en las llamadas “falsas denuncias”. La principal impulsora de esta agenda es la senadora Carolina Losada, quien promueve modificaciones al artículo 245 del Código Penal para endurecer las penas contra quienes realicen denuncias consideradas falsas. En la Cámara de Diputados también existen antecedentes en el mismo sentido impulsados por sectores libertarios.
Para las mujeres trabajadoras, el problema de fondo es otro. Lejos de existir una epidemia de denuncias falsas, miles de situaciones de violencia nunca llegan a denunciarse. El miedo, la dependencia económica, la revictimización judicial, las amenazas y la falta de respuestas estatales continúan siendo obstáculos permanentes para miles de nosotras. Los datos hablan por si solos, un informe del Observatorio de Violencia de Género de los Ministerios Públicos analizó más de 8 millones de causas penales en 17 provincias entre 2023 y 2025; las falsas denuncias representaron el 0,09 % del total y los falsos testimonios, el 0,025%. Este dato refuta empíricamente la premisa central del proyecto de ley!. ¿Entonces que busca esta Ley?; el proyecto para endurecer el art. 245 del Código penal no busca “seguridad jurídica”, sino disciplinar a la fuerza de trabajo femenina. Mientras el Estado recorta refugios y patrocinio jurídico, corre el eje del debate al 0,09% de “falsas denuncias” para individualizar un problema estructural. El objetivo material es claro: generar miedo a denunciar y sostener la dependencia económica que ata a miles de mujeres trabajadoras al hogar y al trabajo precario. Es el ajuste operando como violencia: el Estado, como aparato de la clase dominante, usa el derecho penal para garantizar mano de obra barata y evitar que el conflicto deje de ser responsabilidad de quienes gobiernan. Por eso, mientras se discuten mayores castigos para quienes denuncien falsamente, el verdadero debate debería centrarse en cómo garantizar acceso efectivo a la justicia, protección integral y acompañamiento para las víctimas.
Mientras la violencia machista continúa siendo una emergencia social, el gobierno nacional avanza en una política sistemática de desmantelamiento de los pocos y pobremente financiados programas destinados a enfrentarla. El cierre del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, el vaciamiento de áreas especializadas, los recortes presupuestarios y la reducción de equipos territoriales constituyen parte de una orientación política que considera los derechos conquistados como un gasto prescindible. Sin embargo, detrás de cada programa eliminado existen mujeres concretas que pierden acceso a asistencia jurídica, acompañamiento psicológico, subsidios de emergencia o espacios de resguardo frente a situaciones de violencia extrema. El gobierno en su “batalla cultural”, prohibió el uso del término “femicidio” en todas las dependencias del Estado. Busca, como dijo Milei, “quitarle peso” a los asesinatos de mujeres. Lo que omite es que tanto en el caso de Agostina como en la inmensa mayoría de los femicidios, los responsables son hombres y el móvil nace de un entramado donde la mujer es tratado como objeto: de consumo, de posesión o de descarte. Cuando se recortan las ya escasas políticas públicas, aumenta la vulnerabilidad. Cuando se destruyen dispositivos de asistencia, se fortalecen las condiciones que permiten que la violencia continúe.
Por eso el ajuste no es una discusión económica abstracta. Tiene consecuencias directas sobre la vida de millones de mujeres trabajadoras. Son la expresión más extrema de una estructura social atravesada por desigualdades económicas, culturales y políticas. Las mujeres continúan soportando mayores niveles de precarización laboral, salarios más bajos, sobrecarga de tareas domésticas y de cuidado no remuneradas, además de múltiples formas de discriminación y violencia. En los barrios populares, donde el ajuste golpea con mayor fuerza, estas desigualdades se profundizan. Por eso la lucha contra la violencia de género no puede separarse de la pelea por trabajo, vivienda, salud, educación y presupuesto para políticas públicas. También resulta imprescindible avanzar sobre las condiciones materiales que muchas veces impiden salir de relaciones violentas: la dependencia económica, la falta de vivienda y la feminización de la pobreza.
Se puede revertir esta situación
No existe una solución única para una problemática que tiene raíces económicas, sociales, culturales y políticas dentro de este sistema capitalista. Pero si existen medidas concretas que podrían contribuir a reducir la violencia de género:
-Declarar la Emergencia Nacional en materia de violencia contra la mujer.
-Garantizar el presupuesto necesario destinado a políticas de prevención y asistencia.
-Igual salario por igual trabajo, con control de las organizaciones de trabajadoras y trabajadores.
-Comités de trabajadores y trabajadoras contra la violencia de género en los lugares de trabajo y estudio.
-Derecho efectivo al aborto legal, seguro y gratuito y acceso universal a salud reproductiva.
-Reducción de la jornada laboral sin reducción salarial, para repartir el trabajo existente y combatir el desempleo.
-Pleno acceso a derechos laborales para todas las trabajadoras, incluyendo a quienes trabajan en la informalidad o en el empleo doméstico.
-Desarrollo masivo de servicios públicos de cuidado (guarderías, comedores, lavanderías públicas), financiados por el Estado y gestionados con participación de trabajadoras y trabajadores y comunidades.
-Defensa irrestricta de la educación y la salud públicas.
Resulta necesario realizar un balance político que abarque a los distintos gobiernos que se sucedieron desde 2015 —peronistas, radicales y actualmente libertarios— no lograron revertir una realidad que continúa cobrándose vidas. Las conquistas obtenidas durante estos años y que el gobierno de Milei pretende erradicar no fueron una concesión de los gobiernos ni una iniciativa surgida desde las instituciones. Fueron producto de la movilización de millones de mujeres, diversidades, trabajadoras, trabajadores y jóvenes que lograron imponer sus reclamos mediante la organización y la lucha.
Consideramos que es necesario construir una herramienta política revolucionaria, que organice la bronca contra este sistema capitalista que nos mata todos los días; esta violencia no puede separarse de las condiciones materiales en las que viven millones de mujeres. La precarización laboral, los bajos salarios, la falta de vivienda, la sobrecarga de tareas de cuidado y la dependencia económica constituyen factores que refuerzan situaciones de vulnerabilidad y opresión.
Por eso la pelea contra la violencia machista no se gana en tribunales. Se gana transformando las condiciones materiales de las mayorías trabajadoras. Y esa pelea la ganamos juntos: hombres y mujeres trabajadores contra el mismo enemigo, el capital que lucra con la precariedad, mientras la organización priorice las ganancias por encima de la vida, la violencia va a seguir siendo funcional al sistema. Dividirnos es lo que el ajuste necesita. Unirnos es lo que le duele.
La deuda de la CGT y las CTA
La violencia machista no puede combatirse únicamente desde las organizaciones políticas de izquierda o feministas. También debe ser una causa central del movimiento obrero organizado. Porque son las mujeres trabajadoras y pobres las que mas sufren el machismo y menos herramientas tienen para defenderse. Sufren una doble opresión, por mujeres y por trabajadoras, son explotadas y oprimidas. Las mujeres somos mayoría en sectores estratégicos como educación, salud, administración pública y servicios. Somos además quienes soportan la mayor carga de trabajo doméstico y de cuidados no remunerados.
La CGT y CTA vienen demostrando con su pasividad que dejan pasar el ajuste de Milei y compañía. Ante la Reforma Laboral que es el ataque más fuerte a la clase obrera en décadas suspendieron los paros para ir por la “vía judicial”, ¿El resultado? la Reforma Laboral tiene plena vigencia y la CGT y CTA no dicen una sola palabra al respecto. Con las mujeres pasa igual o peor. Ahora convocan a una marcha pacífica, SIN PARO, para “mostrar” descontento al gobierno de Milei. Un gobierno que se ha dedicado a perseguir, reprimir y ajustar trabajadores, jubilados, discapacitados y mujeres.
Cada despido estatal y/o privado cada deterioro salarial impacta de manera diferencial sobre nosotras. Por eso resulta imposible separar la lucha contra la violencia machista de la pelea contra el ajuste. Las conducciones sindicales tienen la responsabilidad de convocar un verdadero plan de lucha nacional que unifique todas las demandas populares: salarios, empleo, presupuesto educativo, salud pública, defensa de las jubilaciones y políticas contra la violencia de género. Y los trabajadores y las trabajadoras debemos imponer desde cada lugar y con la bronca del ajuste que sufrimos, las medidas necesarias para que eso pase. En primer lugar asambleas de base y reuniones de activistas. Y si los dirigentes sindicales atornillados y ensobrados no se mueven tenemos que retomar el camino que tantas veces nos sirvió a los trabajadores y las trabajadoras, impulsar medidas, desbordar conducciones e imponer acciones en nuestra defensa.
Este 3 de junio debemos exigir a la CGT y a las CTA que rompan con la pasividad y convoquen un PARO NACIONAL con movilización para enfrentar el conjunto de las políticas de ajuste
Los femicidios no son hechos aislados. Son la expresión más extrema de una estructura social atravesada por desigualdades económicas, culturales y políticas del capitalismo. La dependencia económica, la precarización laboral, la feminización de la pobreza y la crisis habitacional funcionan muchas veces como obstáculos concretos para que miles de mujeres puedan salir de situaciones de violencia.
Por eso la pelea contra la violencia machista requiere mucho más que respuestas judiciales. Necesita presupuesto, trabajo, vivienda, educación, salud pública y derechos sociales. Necesita enfrentar las bases materiales del sistema capitalista que reproducen la desigualdad, luchando sin cuartel contra el gobierno y su ajuste pro-imperialista y construyendo una salida obrera y socialista. Solo así podremos dar cauce a una sociedad donde el machismo no asesine 1 mujer por día y tengamos la igualdad social que nos merecemos.
Este 3 de junio llenemos las calles
A 11 años de Ni Una Menos seguimos levantando las mismas banderas porque las causas que dieron origen a aquella movilización permanecen vigentes. Volvemos a las calles por Agostina. Por las que ya no están. Por las que siguen enfrentando situaciones de violencia todos los días. Por las trabajadoras que sufren las consecuencias del ajuste. Por la defensa de cada política pública conquistada mediante años de lucha. Porque la violencia machista y el ajuste no son problemas separados: forman parte de una misma realidad que descarga la crisis sobre las mujeres y los sectores populares.
-Por eso este 3 de junio reclamamos justicia por Agostina y tantas otras, presupuesto y organización.
-Exigimos a la CGT y las CTA un paro nacional y un plan de lucha consecuente. ¡Paren o renuncien!
-Porque nos siguen faltando demasiadas.
-Porque el ajuste también es violencia.
-Porque cada derecho conquistado fue producto de la movilización colectiva.
-Contra el ajuste de Milei y su plan pro-imperialista!
-Fuera Milei!
-Por los derechos de las mujeres trabajadoras!
-Contra la Reforma Laboral!
-Contra la precarización del trabajo!
-Por la organización independiente de nuestra clase!
-Por la lucha por una sociedad socialista!
NI UNA MENOS. VIVAS NOS QUEREMOS.
