Por Julián, desde Bolivia
18 de mayo de 2026, las multitudes convocadas por la Central Obrera Boliviana, la Federación Sindical de Campesinos Tupak Katari de La Paz, Las Federaciones de Maestros Urbanos y Rurales de La Paz, la Federación de Trabajadores Fabriles y otros sectores , además de la marcha “Por la Vida para Salvar Bolivia” convocada por el sector de Evo Morales confluyeron desde la ciudad de El Alto y otras zonas, alrededor de la Plaza Murillo, sede del gobierno y del congreso boliviano, cercando la plaza por alrededor de cuatro horas, en medio de enfrentamientos con la policía que reprimió con dureza la movilización. La consigna central: ¡Renuncia de Rodrigo Paz Pereira!
Ese fue uno de los corolarios de un agudo procesos de desgaste político del gobierno de Rodrigo Paz, a seis meses de haber asumido
Acumulación del desgaste del gobierno de Paz
Desde su asunción el gobierno de Rodrigo Paz ha venido aplicando medidas de ajuste, con el pretexto de revertir la crisis económica, con una clara orientación de favorecer al sector agroindustrial de la oligarquía boliviana y cargando el peso de la crisis en los trabajadores y pueblo empobrecido.
Empezó designando un gabinete ministerial con personajes venidos directamente del sector agroindustrial, luego anuló el impuesto a las grandes fortunas, retiro la subvención a la harina, provocando la subida del pan, el alimento básico de la dieta popular. En diciembre quitó la subvención a los combustibles, encareciendo de manera generalizada el costo de vida de la población trabajadora, pero el colmo de la medida es que no garantizó una gasolina calidad, desde esa fecha hasta hoy, se han reportado miles de automóviles dañados por la gasolina, afectando en especial a los cuentapropistas que prestan el servicio de transporte público. Para rematar el 10 de abril promulgo la Ley 1720 de reconversión de la propiedad agraria, abriendo las puertas para el despojo de los pequeños propietarios.
La respuesta obrera y popular
En enero, una poderosa movilización hizo retroceder una serie de medidas antipopulares que venían acompañando la subida de los combustibles. Si bien no logró revertir el incremento puso un freno al gobierno en otras medidas. Entre marzo y abril, varios paros del transporte lograron que el gobierno se comprometiera con el resarcimiento por los daños a los vehículos debidos a la mala calidad del combustible.
El mismo día que Paz Pereira promulgaba la Ley de reconversión de la pequeña propiedad agraria, partía una marcha de los indígenas del oriente pidiendo su anulación, luego de una caminata de casi un mes, la marcha llegó a La Paz y logro la abrogación de la Ley.
El 1 de Mayo, la Central Obrera Boliviana convocó a un cabildo en la ciudad de El Alto, demandando aumento salarial, anulación de la Ley 1720, resarcimiento al daño de vehículo, defensa de las empresas estatales. El cabildo declaró la huelga general indefinida hasta la atención de las demandas o, en caso contrario la renuncia de Rodrigo Paz por no ser capaz de resolver las demandas.
A la convocatoria se sumó también la Federación de Campesinos de La Paz declarando el bloqueo de caminos en el departamento, pidiendo la renuncia de Paz Pereira. En tanto en el trópico de Cochabamba las federaciones de cocaleros encabezadas por Evo Morales, convocaron a la “Marcha por la Vida para Salvar Bolivia” recorriendo a pie cerca de 300 km hasta la ciudad de La Paz, marcha que llegó el 18 de mayo.
El momento actual
Son tres semanas de movilización, con epicentro en el departamento de La Paz y en particular en la ciudad de El Alto, la demanda central es la renuncia de Paz Pereira.
En su intento de desarticular, el gobierno ha venido realizando acuerdos sectoriales, firmó con los dirigentes de maestros urbanos y rurales, un bono anual, en lugar del aumento salarial; con los indígenas del oriente, la abrogación de la Ley 1720; con la Central Obrera Regional de El Alto, un acuerdo para provisión de internet en colegios del El Alto; con los transportistas acuerdos para resarcir daños a los vehículos. Al mismo tiempo, ha emitido ordenes de arresto contra el principal dirigente ejecutivo de la COB, de dirigentes de la ciudad de El Alto y dirigentes campesinos acusándole de entre otras cosas de terrorismo, con amenaza de cárcel con penas de 3 a 5 años.
El país ha entrado en una polarización. La movilización se concentra en La Paz y en algunos departamentos mediante bloqueos organizados por el movimiento campesino pero, debido a la falta de preparación, el resto del movimiento obrero aun no ha asumido la medida de la huelga; los maestros, luego del acuerdo de su dirigencia, han dejado de participar en varias ciudades. Por el contrario, en La Paz y Oruro, las bases del magisterio han rechazado el acuerdo y continúan movilizados.
En general, las clases medias de las ciudades exigen la declaratoria del estado de sitio y mano dura contra los movilizados. El conjunto de la burguesía se pronunció respaldando al gobierno. Aunque lo critican por su falta de capacidad, llaman a “defender la democracia” y a aplicar mano dura contra los movilizados.
Perspectivas
En los siguientes días, es posible que se defina el curso del conflicto. Para lograr la renuncia de Paz es necesario profundizar la movilización con la incorporación del conjunto del movimiento obrero y popular en el resto de las ciudades. Eso requiere que la dirigencia asuma un rol más decidido en la organización y fortalecimiento de la medida, algo que de momento no sucede.
Un elemento que no facilita en avanzar en esta salida es que no hay respuesta a la pregunta ¿quién gobierna después de Paz? Las alternativas inmediatas son ¿el vicepresidente Lara? ¿Adelanto de las elecciones?, en ese contexto la ¿candidatura de Evo Morales?, pero para ello deben recomponer todo el andamiaje legal que impide su postulación. Lo que también abre el riesgo de un gobierno de la ultraderecha.
La falta de esa claridad es un factor que impide que haya una mayor incorporación del movimiento obrero y popular.
Otra posibilidad es que se intente imponer una represión dura para obligar el repliegue de los movilizados, con el respaldo de las clases medias y los partidos de la burguesía, para lo cual va a tener que imponer métodos violentos y muchas víctimas. Esta alternativa también va a significar un mayor debilitamiento del gobierno, por lo que de momento el gobierno no se juega a fondo en esa salida, pero no es de descartar si de ella depende su supervivencia.
La tercera posibilidad sería una salida negociada con los dirigentes, a cambio de ciertas concesiones en procesos judiciales y parciales concesiones en conquistas sociales. Actualmente, algunos sectores de la dirigencia se abrieron por esta alternativa, pero salieron desgastados y desconocidos por sus bases.
Lo cierto es que el gobierno de Paz Pereira profundiza su debilitamiento, y la movilización obrera y popular, plantea la necesidad de construir una alternativa de independencia de clase que permita avanzar hacia un gobierno obrero y popular, necesidad que una y otra vez se vuelve a plantear en Bolivia.
