Por Adrián Peña- Insurgencia de Paraguay
La clase paraguaya en general y los sectores obreros en particular se enfrentan, al igual que en otros países, a la precarización del empleo y la miseria sistemática y cruel que lleva adelante el empresariado a través de los distintos gobiernos burgueses valiéndose de las recetas de los organismos internacionales al servicio del imperialismo. Estas medidas no son nuevas, sino que vienen siendo implementadas hace décadas. Esto impacta en el conjunto de la clase trabajadora y en especial en la juventud que sufre la flexibilización y la precarización laboral de manera cotidiana, sin tener ninguna perspectiva de un futuro mejor.
Desde la asunción de Santiago Peña se ha llevado a cabo con una mayor eficiencia que otros gobiernos muchos de los planes de ajuste que la burguesía nacional y los grandes sectores financieros internacionales requerían para reformar las condiciones laborales en consonancia con los planes económicos. Esto se refleja incluso en la maquinaria del Estado, cuyo funcionariado sufre las consecuencias de estas reformas y la población trabajadora por el recorte de recursos presupuestarios.
La mano del imperialismo marca la cancha de los gobiernos lacayos
El FMI, el BID y el BM llevan definiendo la vida política de los estados coloniales y semicoloniales como el nuestro, con acuerdos como el firmado en el marco del Instrumento de Coordinación de Políticas suscrito en el gobierno de Mario Abdo Benítez en el año 2022.
A aquel acuerdo se arribó con la colaboración directa del cartismo y sus socios menores, cuyas implicancias trajeron grandes luchas como lo fueron la resistencia a la Ley de Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones, la Reforma de la Ley del Servicio Civil, la Reforma de la Caja Fiscal, entre otros.
Pero el plan no consistía sólo en los proyectos de contrarreformas estructurales, sino en estimular el abaratamiento de la mano de obra en nuestro país como receta y en función de atraer la vitoreada “inversión extranjera” que se refleja, por ejemplo, en el sector de las maquilas donde se emplea en condiciones de semiesclavitud; asimismo, está al servicio de los grandes usureros internacionales que direccionan la utilización de los recursos financieros en función al retorno seguro a través del bicicleteo de la deuda externa, que ya abarca el 40% del PIB desde 2025. Estamos camino a comenzar a peticionar ya no el refinanciamiento nada más de la deuda externa, sino su reperfilamiento y/o la reestructuración a ejemplo de lo ocurrido en Argentina por citar un ejemplo.
En esta lógica de funcionamiento, propia de nuestra inserción como una semicolonia en la división mundial del trabajo, combinado con un gobierno que desarrolla una agenda acorde a la política de saqueo al servicio del imperialismo se torna inconcebible revertir el déficit fiscal —arrastrado hace años— considerando siquiera una política liberal keynesiana y mucho menos la única y casi máxima bandera de la izquierda reformista de “equidad tributaria”, es decir, una política social-liberal que lleve a gravar impuestos progresivos sobre los grandes empresarios.
El déficit fiscal lo combate Peña cargando la crisis sobre la espalda de la clase trabajadora, lo que significa recortes de derechos que se traducen en mayores aportes al fisco y menos beneficios (jubilación, seguridad social, ajustes salariales, etc.).
En síntesis, este gobierno es un agente servil que se postra a lo que más le convenga al imperialismo norteamericano y en ese marco desarrolla la denominada “política neoliberal”, que no es otra cosa que liberalismo puro y duro que viene desolando nuestros países hace décadas independientemente a la facción burguesa que gobierne, incluso si quien debe gestionar el modelo capitalista es el denominado “progresismo” que no es otra cosa que la izquierda reformista, un sector político que brega por políticas que humanicen el capitalismo, es decir, sostener el modelo liberal en el marco de un “Estado social de derecho” con algunas reformas cosméticas; el asistencialismo que en lo estructural mantiene incólume las ganancias de la burguesía nacional y trasnacional. En otras palabras, la política liberal con culpa social funcional a la burguesía.
En ese marco, el gobierno de Peña no chista para hacer de nuestro Estado nacional un buen pagador y entreguista de nuestra soberanía (financiera, energética y de demás recursos) más allá que esto lo lleve a una crisis sin retorno. Por ahora la salida política es la fuga para adelante y con ello no terminar de caerse a pedazos antes de tiempo. Los “planes de contingencia fiscal” del gobierno, como del que se jactaba el exministro Fernández Valdovinos, no son otra cosa que la reducción del gasto de servicios públicos esenciales (salud, educación, transporte, etc.) para agravar la ya de por sí precaria vida cotidiana de los trabajadores.
El estímulo a la explotación extranjera
Cuando los voceros del cartismo hablan a la prensa de la política de atracción de inversiones extranjeras y la creación de los quinientos mil nuevos puestos de trabajo no hacen más que ser los portavoces de los Chicago Boys de la burguesía local y extranjera, que lo que buscan es cargar sobre los trabajadores la crisis que se vive y así acrecentar o al menos mantener sus tasas de ganancias.
Valiéndose de eufemismos se hace propaganda de la mano de obra barata, lo que significa que en el país se pagan sueldos miserables, migajas por el pago de horas extras extensivas/ilegales o directamente no se pagan; se vanagloria de la energía barata entregada a las empresas electrointensivas sin decir una palabra de todos los problemas que ello genera (exiguos puestos de trabajo y por su nivel de consumo imposibilita utilizar la energía limpia para desarrollar la industria, que dicho sea de paso este problema sólo podría ser solucionado a partir de una revolución socialista); se muestra con orgullo cómo el gobierno aumenta el porcentaje de aportes jubilatorios y reduce el retorno o pago final de los mismos; se plantea deshacer la estabilidad laboral —como ya lo expresó Peña en la Expo-negocios de 2024—; se tercerizan los empleos en un escenario donde la flexibilización y precarización laboral son la regla, y se revientan los derechos sindicales y de organización de los trabajadores.
Todo esto lo vivimos día a día en la lucha por llegar a fin de mes, en la suba de los precios del costo de vida, la canasta básica familiar, el alquiler, las tarifas de luz, agua y el transporte público. Entre todo esto, la juventud trabajadora se ve en uno de los focos principales de lo peor que la decadencia del sistema productivo capitalista tiene para ofrecer.
La explotación al por mayor
La juventud trabajadora forma parte del 35% de la fuerza laboral ocupada; abarcan centralmente los rubros de servicios, comercio y logística. Las ocupaciones que toman van desde ventas, atención al cliente, repartición, retail, etc. En general estos rubros de servicios se enmarcan en los planes denominados de “primer empleo”.
Tanto el sector primario (agricultura, ganadería, pesca, silvicultura, minería, etc.) como el secundario (transformación industrial, entre ellas la manufactura, construcción, industria textil, automotriz y producción de energía) han sido desplazados por el terciario (servicios) en la generación de empleos.
El decrecimiento registrado se da de manera sostenida reduciendo la actividad industrial en general. En cuanto al capital agrario, este de hecho no genera prácticamente empleos de manera sustancial, pero su extensión implica el desplazamiento demográfico volcando a la juventud al área de servicios (sector terciario), representando el 50% de nuestro PIB y ocupa al 70% de la fuerza laboral activa del país.
El acceso a la educación de excelencia un privilegio de los hijos de la burguesía
La precarización laboral que asfixia a la juventud hace que las condiciones de este tipo de trabajos, por la extensión de la jornada y por el salario percibido, se constituya para miles en todo lo que pueden aspirar. Esto se entrelaza con la etapa formativa; del universo demográfico que constituye la juventud (aproximadamente 1.500.000 personas) el 47% solo trabaja y un 17% trabaja y estudia.
La crisis educativa no es producto netamente de la financiación paupérrima, sino también se expresa en la falta de acceso real. Esto se expresa en las trabas para ser parte efectiva de la comunidad universitaria al existir exámenes de ingreso cuya complejidad y costos arancelarios obstaculizan el acceso en el marco del tiempo real e ingresos que disponen los jóvenes que deben trabajar para subsistir.
Los aranceles son un golpe directo al bolsillo de la juventud que sostiene alquileres y otros costos de vida básicos. Los trabajos con horarios rotativos o con jornadas repletas de horas extras generan un desgaste mental y emocional por la incertidumbre económica y no permite el rendimiento adecuado en el marco de la exigencia que se requiere para el ingreso. Esto crea anualmente un clima de gran competitividad por poder ingresar y luego para mantenerse en carrera.
Es así que las condiciones estructurales de la mayoría de la juventud que no accede a la educación son por las necesidades familiares y personales que debe cubrir. Quienes no logran acceder a la universidad pública terminan en universidades de garaje, una estafa por lo pésimas que resultan.
Un régimen de cuasiesclavitud laboral
Por otra parte, resulta prácticamente imposible que este ejército de trabajadores precarizados pueda organizarse sindicalmente, pues a sus condiciones de vulnerabilidad se suma la política consciente del propio Estado de romper cualquier intento de organización.
Esto se traduce en el pacto tácito entre el Estado y las empresas privadas que garantizan que estas puedan invertir y el Estado no permitir que ningún grupo de trabajadores logre sindicalizarse y, para quienes lo intenten ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS), este sea el primero en alertar a la patronal para que proceda a los despidos injustificados logrando así descabezar los intentos de conformación de sindicatos.
La política del Estado de obstaculizar administrativamente la sindicalización asegura a los capitalistas garantizar su inversión y el lucro. En otras palabras, el empresario asegura sus costos operativos ante eventuales reclamos que puedan surgir a partir de la organización de estos sectores. No es casualidad que prácticamente no existan sindicatos en estos rubros, la mayoría de ellos tercerizados.
La tercerización una palanca para pulverizar derechos
Este régimen de vertedero laboral que se impone a través de los contratos basura se observa en las tercerizadoras de empleos de las que se valen las grandes empresas: las telefonías, los grandes bancos, las grandes cadenas de supermercados, las grandes fábricas e industrias. Estas empresas subcontratadas imponen las condiciones laborales flexibilizadas al joven que quiere acceder a un empleo; una vez colocado en una empresa, esta última no asume ninguna responsabilidad hacia el joven trabajador.
En las labores de venta y atención al cliente las patronales marean con maniobras como extensas capacitaciones (algunas de un mes entero o más) sin contrato alguno y que duran una jornada laboral entera pero solo pagan “viáticos” o las comisiones por venta que no consideran horas extras que exigen las empresas para llegar a las metas diarias.
Por otra parte, las labores administrativas (planillas, correos, agendamientos) de los servicios posventa de empresas como Tupí o Bristol funcionan de manera similar: si no llegas a la meta que te imponen, te quedas más horas hasta alcanzarla sin paga alguna por esas horas extras. El rubro gastronómico, reposición, atención al cliente en minimarkets (tipo Biggie), el retail y las distribuidoras e inclusive repartición, gestiones y cobranzas desacomodan totalmente la vida de cualquier empleado con sus horarios rotativos, privando incluso de feriados o fines de semana sin ninguna remuneración por ello en la mayoría de los casos.
La uberización
Todos los trabajos descritos estimulan deliberadamente la rotación laboral, lo que genera la extenuación para lograr que la mayoría renuncie y así no verse en la necesidad de indemnizar a nadie. Nos revientan psicológica y/o físicamente, nos exprimen el tiempo con sueldos de miseria y luego nos tiran a la calle sin liquidación.
Esta es la fórmula empresarial aplaudida por la burguesía y pequeña burguesía en un país donde la gran parte de los empleadores se clasifican como Mipymes, inclusive si son prestadoras de servicios para las grandes empresas.
La precariedad de estos servicios hace que muchos se vuelquen con los años al sector de las plataformas: Bolt, Uber, PedidosYa, Rappi, Monchis, etcétera. Estas actividades generan una especie de ilusión de trabajador independiente, que puede ganar más y puede regular sus tiempos. Esta ilusión de “independencia” y de ser “su propio patrón” hace que se pierda de vista que desaparece la responsabilidad directa de la patronal o la empresa que administra un puesto laboral e incluso del propio Estado que consiente esta desprotección absoluta. Estas transnacionales son prácticamente fantasmas a la hora de tener algún tipo de contacto con la empresa para reclamos y, por supuesto, en este marco no son responsables de ningún tipo de seguridad social.
La mayoría de estas empresas no cubren los posibles daños del tráfico, inseguridad o descompensaciones. Las plataformas descuentan y regulan a su antojo las tarifas, métodos de pago y, en un todo, tienen a miles de jóvenes recorriendo las calles a la intemperie bajo el sol, lluvia, exponiéndose a la inseguridad reinante, las calles en pésimo estado en jornadas de hasta 12 horas diarias, trabajando frenéticamente fines de semana por sistemas de bonificaciones dudosas.
La precarización laboral una política deliberada de los gobiernos burgueses
Esta forma de funcionamiento del sistema “desregularizado” es producto de la receta deliberada y la política de la burguesía a escala internacional; de allí que se opere de manera sincronizada en la mayoría de los países.
Ningún Estado capitalista pretende deshacer la informalidad, mitigar la flexibilización laboral o seguir permitiendo el absurdo descalce entre el salario mínimo legal vigente y los costos reales de vida, sino legalizar todos y cada uno de estos abusos y permitir que la patronal se llene los bolsillos sin tener que pagar prácticamente nada por ello.
La reforma de la ley MIPYMES constata la normalización de estos regímenes laborales de semiesclavitud, que prácticamente abolió el salario mínimo vigente para el 70% de la fuerza laboral ocupada permitiendo a las micro y pequeñas empresas abonar hasta el 80% del mínimo, aportando sobre dicha base al IPS.
Además, permite que esta relación se establezca en contratos a plazo determinado (máximo 12 meses, prorrogables hasta 36 meses) sin obligación para la empresa de que llegado a los 3 años bajo dicho régimen pueda ser el trabajador indemnizado por despido injustificado si decide no volver a contratarlo.
La crisis del sistema capitalista se profundiza
La crisis del sistema capitalista se expresa en general en la caída de productividad mundial, la crisis de los estados endeudados, los fenómenos sostenidos de estanflaciones. Lo que destaca la crisis capitalista actual es que esta se desarrolla con extrema virulencia en el corazón del imperialismo yanqui que vive momentos de enormes movilizaciones y huelgas en contra de la política ultra reaccionaria de Trump.
En la situación de EE. UU. se destaca el triple déficit que viven (deuda externa, fiscal y comercial) que lo lleva aplicar desde políticas proteccionistas (agresiva política arancelaria) al saqueo directo de recursos naturales (intervención en Venezuela e Irán) e indirectamente a través de gobiernos lacayos como el nuestro a través del acuerdo denominado SOFA o en Argentina a través de la Ley de Glaciares o con los gobiernos “progresistas” como el de Lula, donde el imperialismo está en tratativas en el marco de un memorando de entendimiento para la explotación de tierras raras.
En este escenario de aguda crisis económica y política de la principal potencia imperialista, los EEUU buscan recomponer no sólo sus finanzas, sino su liderazgo político para regimentar el mundo, pero no encuentran el encolumnamiento total de otras potencias imperialistas menores como la UE, ya que la OTAN no se embarcó al plan de intervención en Irán como pretendía Trump y Netanyahu.
Lo que recorre el mundo es la polarización de la lucha de clases con diferentes escalas, ello en el marco de la lucha contra la pérdida derechos conquistados históricamente por la clase trabajadora que se ven en regresión en todos los países del mundo. Las pérdidas de derechos componen concretamente las recetas económicas neoliberales, extractivistas y saqueadoras se descargan sobre los países periféricos.
Al ciclo de la deuda externa, que pone en una caja de reserva las jubilaciones y los recursos del país para pagarla y enriquecer al mercado financiero vaciando el financiamiento de los servicios públicos como nuestra educación, salud y transporte, los trabajadores necesitamos salir a luchar exigiendo fuertes impuestos a las grandes riquezas para que la crisis la paguen los grandes burgueses de este país, pero combinando con otras consignas como la escala móvil salarial con la reducción de la jornada laboral sin reducción de salario y el ajuste automático de los ingresos al incremento de los precios (control de la canasta básica familiar), con el objetivo de proteger el poder adquisitivo de los trabajadores frente a la inflación y el desempleo.
A las penurias que enfrentamos, luchando mes a mes para comprar lo básico con sueldos miseria, necesitamos agitar además de las consignas arriba mencionadas la obligación de las empresas a contratar y abrir sus libros contables como medidas de control obrero sobre las ramas de producción.
Para ello la clase trabajadora paraguaya y la juventud necesitan de la construcción de un fuerte partido revolucionario nacional e internacional que se construya en la clase obrera y se postule a tomar el poder para destruir este modo de producción burgués de manera integral.
Necesitamos salir a luchar con estas consignas y abrir las perspectivas hacia una revolución socialista como norte estratégico de la juventud trabajadora, con un programa de transición que ayude a las masas a avanzar en su conciencia.
La salida es luchar por la revolución socialista
Ofrecer un futuro para la juventud es inevitablemente cuestionar de raíz las condiciones de este modo de producción capitalista. Trotsky ofreció en su experiencia revolucionaria un método para esto, el programa de transición, cuyas tácticas y propuestas dentro del poder obrero siguen siendo más que vigentes: el fortalecimiento sindical de carácter revolucionario, o la creación de comités de bases para aquellos sectores que no pueden sindicalizarse es fundamental para poder crear una fuerza que pueda exigir mejores condiciones laborales y de vida y al mismo tiempo empalmar con un programa que plantee de manera seria la toma del poder por la clase obrera con un programa comunista, que es lo que el trotskismo ofrece a las masas obreras y su vanguardia.
Necesitamos un proceso de organización que vaya más allá de meras disputas económicas o gremiales, un nivel de organización superior que solo puede ser cumplido por un partido obrero, revolucionario y socialista. Desde Insurgencia te invitamos a construir esa organización.
Ante la desorientación que generan fórmulas políticas que no proponen más que parchar los abusos estructurales del capitalismo, desde los programas “progresistas” a través de los famosos frentes amplios o frentes populares (la izquierda reformista con liberales de todos los pelajes) o incluso los llamados partido “anticapitalistas” donde conviven centristas y reformistas hasta los personajes mesiánicos y aventureros cuasi fachos como Payo Cubas, Milei o Bukele que representan un modelo de administración del sistema con un corte populista y reaccionario, nosotros debemos luchar por instaurar la dictadura del proletariado.
Por eso te invitamos a marchar con nosotros este 1º de mayo por la construcción de un partido marxista revolucionario e internacionalista para luchar por el socialismo. ¡Vení a construir con Insurgencia!
